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El giro que tomó el caso contra Nicolás Maduro a horas de su nueva audiencia judicial

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan el 5 de enero. Christine Cornell

 

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó al juez federal Alvin Hellerstein una orden de protección de documentos en el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores para evitar que los coacusados prófugos accedan a las pruebas e identifiquen a los testigos del caso.

lapatilla.com

La periodista Jessica Carrillo informó a través de su cuenta en X que la defensa legal de la pareja aceptó la mayor parte de la medida, con la excepción del párrafo número 13. Esta sección específica de la propuesta judicial prohíbe a los abogados compartir los expedientes con los individuos evadidos de la justicia norteamericana, entre los cuales figuran Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro Guerra y Héctor Guerrero Flores.

El Ministerio Público estadounidense argumentó que el acceso a esta información otorgaría a los prófugos la capacidad de utilizar el aparato del Estado venezolano para amedrentar, arrestar o desaparecer a los informantes. Para sustentar este riesgo, la parte acusadora citó un antecedente del año 2006, cuando las autoridades venezolanas detuvieron a funcionarios militares inocentes con el propósito de encubrir un cargamento de cocaína y desviar la atención de los verdaderos responsables.

El documento legal que presentó la fiscalía estableció tres niveles de confidencialidad para el manejo de los archivos probatorios. La clasificación fijó el nivel básico para la defensa, un segundo renglón que requiere la presencia estricta de los abogados para la lectura de los textos, y una categoría máxima de seguridad que impide por completo la visualización del expediente por parte de Maduro y Flores.

La resolución del conflicto legal quedó en manos del magistrado Hellerstein, quien determinará si el tribunal federal de Nueva York controlará el flujo de información hacia las figuras de poder en Venezuela. El rechazo de la cláusula en disputa permitiría a la defensa compartir libremente los expedientes con los demás implicados y coordinar estrategias desde la ciudad de Caracas sin enfrentar sanciones del juzgado norteamericano.

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