Doce años de prisión domiciliaria. La condena en primera instancia a Álvaro Uribe Vélez, por manipulación de testigos, no tiene antecedentes en la historia reciente de Colombia. Hay que remontarse a los años sesenta del siglo pasado para encontrar a un expresidente del país sudamericano hallado responsable de un delito, y ese fue el caso del dictador Gustavo Rojas Pinilla, que había estado en el poder hasta 1957. Tampoco había ocurrido que uno de los principales partidos políticos, el Centro Democrático, tenga que encarar unas elecciones nacionales con la losa de la condena penal de su fundador encima. Ni que la derecha y la izquierda coincidieran en señalar importantes decisiones judiciales de distinta índole como motivadas políticamente (el llamado lawfare) en un país que se suele preciar por su apego a los formalismos legales.
